Organizaciones de la sociedad civil han solicitado formalmente al Mercado Común del Sur (Mercosur) que condicione la eventual reincorporación de Venezuela al bloque regional a mejoras sustanciales y verificables en la situación de derechos humanos en el país, según reportó el medio RunRunes. La petición surge en un contexto donde Venezuela, suspendida del organismo desde 2016 por incumplimientos democráticos, busca reintegrarse bajo la administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo en enero de 2026 tras la detención del exmandatario Nicolás Maduro. Las organizaciones argumentan que sin avances concretos en derechos humanos, cualquier reintegración sería simbólica y no contribuiría a resolver la crisis humanitaria y política que afecta a los venezolanos.
Venezuela fue suspendida de Mercosur en diciembre de 2016, durante la presidencia de Nicolás Maduro —actualmente detenido—, debido a la 'ruptura del orden democrático' y la falta de cumplimiento de compromisos adquiridos en el Protocolo de Ushuaia sobre cláusula democrática. La suspensión, que impide al país participar en decisiones y beneficios del bloque, se ha mantenido a lo largo de los años pese a intentos de acercamiento por parte del gobierno venezolano. En 2023, bajo la administración de Maduro, hubo gestiones para una posible reintegración, pero estas no prosperaron ante la persistencia de denuncias por violaciones a los derechos humanos y la ausencia de elecciones libres. Con el cambio político en 2026, la nueva administración de Delcy Rodríguez ha expresado interés en retomar el diálogo con Mercosur, lo que ha reactivado el debate sobre las condiciones para una eventual reincorporación.
Según RunRunes, las organizaciones de la sociedad civil, cuyos nombres no fueron especificados en el reporte, han enfatizado que la reincorporación de Venezuela a Mercosur no debe ser un mero trámite diplomático, sino que debe estar sujeta a 'cambios sustantivos' en materia de derechos humanos. Esto incluiría, según las fuentes, mejoras en áreas como la libertad de expresión, la independencia judicial, la situación de los presos políticos y el acceso a servicios básicos en medio de la crisis económica. Las organizaciones sostienen que Mercosur, como bloque regional, tiene la responsabilidad de utilizar su influencia para presionar por avances que beneficien a la población venezolana, y que una reintegración sin condiciones podría legitimar prácticas contrarias a los valores democráticos que el propio organismo promueve.
La petición se produce en un escenario internacional complejo, donde la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos ha mantenido sanciones económicas contra Venezuela, aunque ha mostrado cierta apertura al diálogo con el gobierno de Delcy Rodríguez. Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (con Bolivia en proceso de adhesión), ha enfrentado divisiones internas sobre cómo abordar la situación venezolana, con posturas que van desde el apoyo a una reintegración condicionada hasta el escepticismo ante la falta de avances concretos. En años anteriores, bajo la presidencia de Maduro, el gobierno venezolano acusó a Mercosur de actuar por motivaciones políticas, pero con la nueva administración, se ha buscado un tono más conciliador, aunque sin compromisos públicos específicos sobre derechos humanos.
El impacto potencial de esta petición es significativo, ya que una reintegración de Venezuela a Mercosur podría facilitar el acceso a beneficios comerciales, cooperación técnica y mayor integración regional, lo que ayudaría a aliviar la crisis económica. Sin embargo, las organizaciones advierten que si el bloque actúa sin exigir garantías, podría debilitar su credibilidad en la promoción de derechos humanos y democracia en la región. Además, esto podría afectar las relaciones de Mercosur con otros actores internacionales, como Estados Unidos bajo el presidente Trump, que ha priorizado la presión por reformas en Venezuela. Para la población venezolana, una reintegración condicionada podría traer esperanzas de mejoras en su calidad de vida, pero también existe el riesgo de que se perciba como un gesto vacío si no se traduce en cambios tangibles.
Las perspectivas a corto plazo indican que Mercosur evaluará la solicitud en el contexto de su próxima cumbre, aunque no se ha anunciado una fecha específica para discutir el caso venezolano. La presidenta encargada Delcy Rodríguez podría enfrentar presión interna y externa para demostrar avances en derechos humanos, mientras busca consolidar su posición tras la detención de Maduro. Las organizaciones de la sociedad civil probablemente intensificarán su campaña, buscando aliados en otros países del bloque y en organismos internacionales. Si Mercosur decide establecer condiciones formales, esto podría impulsar reformas en Venezuela, pero también generar tensiones si el gobierno las considera injerencia. En cualquier caso, el proceso será lento y estará marcado por la vigilancia de la comunidad internacional y la evolución de la situación política interna.
