Organizaciones de derechos humanos en Venezuela han exigido públicamente un proceso abierto, transparente y participativo para la designación del próximo fiscal general y defensor del pueblo, denunciando que el procedimiento actual incumple la ley y carece de pluralidad. La demanda, reportada por múltiples medios independientes, surge ante la inminente renovación de estos altos cargos del Estado, que son clave para la garantía de derechos fundamentales y el equilibrio institucional en el país. Las ONG argumentan que la Constitución y las leyes venezolanas establecen mecanismos de participación ciudadana y criterios de idoneidad que no están siendo respetados, lo que podría afectar la independencia y legitimidad de estas figuras.
El contexto de esta exigencia se enmarca en la próxima renovación del fiscal general, cargo actualmente ocupado por Tarek William Saab, y del defensor del pueblo, ejercido por Alfredo Ruiz. Según reportó El Pitazo, la organización Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) señaló que el proceso de elección incumple la ley, específicamente la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, que establece la necesidad de un concurso público de oposición para estos cargos. Provea destacó que, históricamente, estas designaciones han sido realizadas por la Asamblea Nacional sin procesos transparentes de selección, lo que ha generado críticas sobre la parcialidad y dependencia política de los titulares.
Las organizaciones han enfatizado la importancia de estos cargos para la protección de derechos humanos y la rendición de cuentas. Según Efecto Cocuyo, las ONG exigen transparencia y pluralidad en la designación, argumentando que el fiscal general y el defensor del pueblo deben ser figuras independientes y técnicas, no sujetas a intereses partidistas. RunRunes reportó que las demandas incluyen un 'proceso abierto y no designación', lo que implica la necesidad de convocatorias públicas, criterios claros de mérito y la participación de la sociedad civil en la evaluación de candidatos. Esto contrasta con prácticas anteriores, donde las designaciones han sido criticadas por su opacidad y falta de debate público.
Los detalles de las exigencias incluyen la aplicación estricta de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, que en su artículo 49 establece que el fiscal general y el defensor del pueblo deben ser elegidos mediante un concurso público de oposición, con la participación de universidades y organizaciones de la sociedad civil. Provea, según El Pitazo, ha documentado que este requisito legal no se ha cumplido en designaciones recientes, lo que ha debilitado la autonomía de estas instituciones. Además, las ONG han señalado que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, ha tendido a nombrar a figuras afines sin procesos competitivos, limitando la diversidad de perspectivas en estos cargos.
El impacto de una designación sin transparencia podría ser significativo para la gobernabilidad y los derechos humanos en Venezuela. Según Efecto Cocuyo, un fiscal general o defensor del pueblo designado sin un proceso abierto podría carecer de la legitimidad necesaria para investigar casos sensibles o defender a víctimas de abusos, especialmente en un contexto de crisis política y social. Las ONG advierten que esto podría erosionar aún más la confianza ciudadana en las instituciones, ya de por sí baja según encuestas y reportes internacionales. Además, podría afectar la cooperación internacional, ya que organismos como la ONU y la CIDH han destacado la importancia de instituciones independientes para el estado de derecho.
Las perspectivas a corto plazo son inciertas, dado el control del oficialismo sobre la Asamblea Nacional y la falta de voluntad política para reformar los procesos de designación. Sin embargo, las ONG planean mantener la presión pública a través de campañas de incidencia y alianzas con actores internacionales. Según RunRunes, se espera que organizaciones como Provea, el Foro Penal y otras continúen monitoreando el proceso y denunciando irregularidades. A largo plazo, la demanda por transparencia en la designación de altos cargos podría influir en futuras reformas institucionales, aunque esto dependerá de cambios en el panorama político venezolano y de la movilización ciudadana por una mayor rendición de cuentas.
